Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad

Abstract

In the past years, the legal principle of the penal process has been replaced by the establishment of the opportunity principle, as a result of the influence of the Common Law. This institution transforms the accusatory principle of the Departmen of the Public Prosecutions, giving him a dispositive power on the penal process. With all that, what it pretends, after the normative modifications of 2015, is provide more flexibility and agility to the processes, also ensure the implementation of the constitutional rights related with the general interest. Nevertheless, all those novelties are not free of controversy. The reason why is because there is a subtle line between the judicial discretion and the outrage one. In the legal institution of the suspension of the execution of the custodial penalties it may be appreciated the clear influention of the opportunity principle. It is about not applicating the legal principle, it means, not imposing to a concrete case the penalty that would correspond to it according to the law, with the objective to achieve a mayor purpose: the reeducation and resocialization of the condemned pleople.

En los últimos años, el principio de legalidad del proceso penal se ha visto reemplazado por la instauración del principio de oportunidad, fruto de la influencia del Common Law. Esta institución trasforma el principio acusatorio propio del Ministerio Fiscal, otorgándole una facultad dispositiva sobre el proceso penal. Con todo ello, lo que se pretende tras las modificaciones normativas de 2015 es dotar de mayor flexibilidad y agilidad los procesos, además de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales relacionados con el interés general. No obstante, todas estas novedades no se encuentran ausentes de polémica. El motivo recae en la sutil línea divisoria entre la discrecionalidad y la arbitrariedad judicial. En la figura jurídica de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, se puede apreciar la clara influencia del principio de oportunidad. Ella consiste en la no aplicación del principio de legalidad, es decir, la no imposición de una pena que le correspondería a un caso concreto según la ley, con el objetivo de conseguir un fin mayor: la reeducación y resocialización de los condenados.