Dictamen de Constitucionalidad: la restricción de derechos de participación política a los concejales no adscritos en la Ley de los Municipios de Canarias

Abstract

La Ley de los municipios de Canarias, en su intento por frenar el fenómeno del transfuguismo en la Administración local canaria, no permite a los concejales que son expulsados de sus partidos políticos, denominados no adscritos, ostentar dedicación exclusiva o parcial ni tampoco tener cargos directivos en entidades dependiente de la corporación. Esta regulación, presente en otras Comunidades Autónomas, ha generado una importante controversia política y jurídica, la más reciente de ellas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la presencia de dos concejales que forman parte del equipo de gobierno de la ciudad y que han sido expulsados de la formación política con la que concurrieron a las elecciones locales. Este conflicto ha llevado a algunas voces autorizadas a tachar la norma citada de inconstitucional por vulnerar el derecho fundamental de participación política de los concejales. En el presente Dictamen se realiza una valoración jurídica sobre la conformidad de este precepto con el contenido esencial del articulo 23 de la Constitución Española, analizando las posibilidades procesales de defensa de las personas afectadas y las consecuencias que se derivarían para los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Santa Cruz.

The Canarian Towns Law, trying to stop the phenomenon of transfuguism in the canarian local administration, doesn’t allow that local public charges who are expelled from their political parties, which are called unassigned, to hold exclusive or partial dedication, either have management position of a corporation dependent entity. This regulation, which is also present in other territories of the country, has generated an intense political and legal conflict, especially today in the town hall of Santa Cruz de Tenerife, where there are two local public charges of the government team, who have been expelled from their political party. This conflict has produced that some authorities express that the Canarian norm is unconstitutional for violating the fundamental right of political participation. In this research paper we make an assessment of article 23 of the Spanish constitution, with a review of the procedural defense possibilities of affected persons and the consequences that would affect the local public charges of Santa Cruz de Tenerife.