El modelo español de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿autorresponsabilidad, heterorresponsabilidad o modelo mixto?

Abstract

En España, la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, se instaura por primera vez en la LO 5/2010, hecho que generó numerosas controversias entre doctrina y jurisprudencia, especialmente en lo relativo al modelo de atribución de dicha responsabilidad. Cinco años más tarde, y tras la aprobación de la actual LO 5/2015, el legislador sitúa en su Preámbulo, puntualizaciones sobre esta cuestión, con objeto de esclarecer esta polémica. Sin embargo, dada la escasa regulación que existe sobre la materia, son los Tribunales los que han ido creando criterios para intentar preservar un equilibrio en cuanto a dicho modelo de atribución. Así, resulta de vital importancia lo establecido en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, siendo ésta la primera resolución judicial que alude a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que ha supuesto que la jurisprudencia mantenga el criterio que establece dicha STS. A su vez, se ha generado un extenso debate doctrinal, cuya finalidad no ha sido otra que el intento de precisar cuál es el modelo de atribución de responsabilidad al que ha acogido nuestro Código Penal.

In Spain, the Criminal Responsibility of Legal Persons is first established in LO 5/2010, a fact that generated numerous disputes between doctrine and jurisprudence, especially as regards the model of attribution of that responsibility. Five years later, following the adoption of the current LO 5/2015, the legislature puts in its Preamble, points on this issue, in order to clarify this controversy. However, given the limited regulation on the subject, it is the Courts that have been creating criteria to try to preserve a balance in this attribution model. Thus, the judgment of the Plenary of the Supreme Court 154/2016 of 29 February is of vital importance, the latter being the first judicial decision which refers to the criminal liability of legal persons, and that it has assumed that the case-law maintains the criterion laid down in that STS. In turn, an extensive doctrinal debate has been generated, the purpose of which has been to clarify what the model of attribution of responsibility to which our Penal Code has received