La obligatoriedad del registro de jornada tras el real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de Protección social y de lucha contra la precariedad laboral.

Abstract

El 12 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales que aún subsisten en la sociedad española. Supuso una gran controversia alcanzar la obligación de registro de jornada donde, finalmente el Gobierno, por vía de urgencia, la impuso con carácter general a todas las empresas. Las reformas más significativas del RDL 8/2019 giran en torno a establecer medidas de protección social, fomentar el empleo indefinido y luchar contra la precariedad laboral. La apuesta no fue sencilla, ya que se trataba de reformar los tiempos de trabajo y de conseguir la flexibilización y conciliación de la vida personal y laboral, así como de limitar los abusos cometidos por los empresarios, consiguiendo una garantía del derecho a la seguridad y salud en el trabajo.

On March 12, 2019, Royal Decree-Law 8/2019, of March 8, on urgent measures of social protection and the fight against job insecurity in the working day was published in the Official State Gazette, with the aim of to reduce the social inequalities that still exist in Spanish society. It was a great controversy to reach the obligation to register working hours where, finally, the Government, as a matter of urgency, imposed it generally on all companies. The most significant reforms of RDL 8/2019 revolve around establishing social protection measures, promoting permanent employment and fighting against job insecurity. The bet was not easy since it was about reforming working times and achieving flexibility and reconciliation of personal and work life, as well as limiting the abuses committed by employers, achieving a guarantee of the right to safety and health at work.