Un caso complejo de la doctrina del fruto del árbol envenenado: asunto trabajo rueda v. España

Abstract

In 1984, the Constitutional Court recognized the American doctrine of the Fruit of the Poisoned Tree, which establishes that any evidence obtained in direct or indirect violation of fundamental rights is inadmissible. This doctrine has its legal cover in Article 11 of the Organic Law of the Judiciary. However, years later exceptions to its applicability also emerge. This exclusionary rule guarantees compliance with the most invoked rights: the right to the presumption of innocence and to a trial with all guarantees. To clarify these concepts, a specific case will be analyzed, the Matter of Trabajo Ruedo v. Spain, which deals with one of the most controversial crimes: child pedophilia. The position of the Strasbourg Court is unequivocal: the right to a fair trial cannot be infringed and incriminating evidence must be obtained in a lawful manner. The work carried out by the European Court of Human Rights has been fundamental in the Spanish legal system, despite the questions raised about the effectiveness of its decisions.

En 1984, el Tribunal Constitucional reconoció la doctrina americana del Fruto del Árbol Envenenado, que establece que es inadmisible toda prueba que se obtenga vulnerando directa o indirectamente derechos fundamentales. Esta doctrina tiene su cobertura legal en el artículo 11 Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, años después también surgen las excepciones a su aplicabilidad. Esta regla de exclusión garantiza el cumplimiento a los derechos más invocados: el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías. Para aclarar estos conceptos, se analizará un caso específico, el Asunto Trabajo Ruedo contra España, que trata uno de los delitos más controvertidos: la pedofilia infantil. La posición del Tribunal de Estrasburgo es inequívoca: el derecho a un juicio justo no puede ser vulnerado y las pruebas incriminatorias deben ser obtenidas de manera lícita. La labor llevada a cabo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido fundamental en el sistema legal español, a pesar de las cuestiones planteadas sobre la efectividad de sus decisiones.