El impacto territorial del tercer boom turístico de Canarias

Abstract

Consolidada la transición entre el original modelo de desarrollo agropecuario y el actual de servicios, el turismo se ha posicionado como uno de los elementos estructurales de la economía de Canarias. Representando el 34,2% de empleo y el 29,5% del PIB en 2011, su papel en el desarrollo reciente de las islas es tal, que diversos autores hablan de una ¿turistización¿ de su modelo socio-económico, teniendo una incidencia directa en su ordenación territorial. En consonancia con el contexto nacional, su evolución, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha vinculado más a la construcción y la especulación inmobiliaria, que a la relación entre la oferta y demanda turística. Por todo ello, su desarrollo histórico se ha visto condicionado por una sucesión de fases de crecimiento y declive vinculadas al contexto socio-económico nacional e internacional, caracterizando, hasta los años ochenta del siglo XX, dos booms turísticos ligados a importantes crecimientos urbanísticos. A partir de la segunda mitad de los años noventa se reconoce el inicio de una nueva fase de crecimiento económico. Ésta trajo aparejado el inicio y desarrollo de la denominada ¿burbuja inmobiliaria¿. En este contexto, Canarias, al igual que sucediera en otros ámbitos del arco mediterráneo y baleares, se vio afectada por un auge en el proceso urbanizador, matizado por particularidades como su régimen económico y fiscal. Estos elementos incentivarían, aún más si cabe, un crecimiento del sector de la construcción, que centró una parte considerable de sus acciones en los ámbitos de litoral vinculados a las áreas turísticas de sol y playa, caracterizando un tercer boom turístico-inmobiliario, que ha tenido su mayor incidencia en las islas turísticamente consolidadas (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote). Todo ello en un contexto en el que las islas superaban, a finales de los años noventa, los diez millones de turistas anuales, así como soportaban un importante crecimiento poblacional relacionado con procesos migratorios. En medio de este proceso, el gobierno autonómico implemento una reformulación de la política turística, anteponiendo el intervencionismo público sobre la regulación. Derivado de éste, se estableció un modelo dual que dio lugar a una importante paradoja. Ésta se definió por la contradicción entre la aplicación de directrices sobre la racionalización del crecimiento de la oferta alojativa turística (moratoria) y contención del consumo de suelo, así como sobre la renovación y recualificación de las áreas turísticas consolidadas, y la aplicación de medidas que han incentivado la implantación de infraestructuras vinculadas a un turismo de ¿mayor calidad¿ (desde el punto de vista de las estrellas y metros cuadrados), así como la permisividad en la expansión del uso residencial en estos ámbitos (aunque la propia legislación autonómica cita su incompatibilidad), lo que ha supuesto una continuidad del crecimiento de la urbanización. En este sentido, la redirección de las políticas públicas en materia turísticas en Canarias, lejos de contener el proceso urbanizador, llevó a una redirección del mismo, sosteniendo un crecimiento que sólo se ha visto frenado una vez alcanzada la crisis internacional de 2007, momento en el que, la reducción de la rentabilidad de lo inmobiliario, ha puesto un límite transitorio a la presión de la construcción. Este crecimiento, como ya ha venido sucediendo en el pasado, se ha explicado por los intereses inmobiliarios, que, en resumidas cuentas, han dirigido el proceso, en detrimento de lo turístico y su sostenibilidad.