Se analiza el principio de igualdad y no discriminación en relación con el régimen jurídico-tributario de las confesiones religiosas. El tratamiento otorgado a la Iglesia Católica, a través del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, y el concedido al resto de las confesiones no católicas que han suscrito Acuerdos de cooperación con el Estado Español no es lo mismo. Siendo esto así, se plantea la duda de si se trata de discriminación o de un supuesto de trato específico ya que se parte, en concreto, de la negativa de la Administración del Estado a conceder la posibilidad de financiación directa a la confesiones religiosas no católicas que han suscrito Acuerdos con el Estado Español.
