El presente estudio pone de manifiesto cómo la preocupación por conseguir un proceso
penal más rápido ha llevado a los poderes públicos españoles, desde la promulgación de la
vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, a prever procedimientos abreviados en los que las
garantías procesales ceden ante la rapidez procedimental.
The present study shows how the preoccupation with obtaining a fster penal process has
led the Spanish authorities, since the promulgation of the Law of Criminal Procedure, to
foresee abbreviated procedures in which the speed of the procedure prevails over procedural
rights.