El deber de imparcialidad de jueces y magistrados

Abstract

La imparcialidad judicial constituye una de las garantías más esenciales de la función jurisdiccional, entendiendo en muchas ocasiones que debe existir dicha garantía para encontrarnos ante un proceso justo y que cumple con los principios que se recogen, en la normativa internacional, europea y en nuestro Ordenamiento Jurídico. Por tanto, el juez tiene que ser un tercero ajeno al conflicto, en lo que a las partes y al objeto del proceso se refiere, sin poder conocer tampoco del caso concreto en las fases anteriores al juicio, delimitando el conocimiento de la fase de instrucción y la de enjuiciamiento a jueces diferentes, para así salvaguardar tal garantía. A su vez, como garantía de tal derecho-deber, existen los mecanismos de Abstención y Recusación, ya que cuando se hace referencia a la imparcialidad judicial, se hace desde un punto de vista constitucional, debido a que el objetivo de la función judicial es vigilar e intervenir en el desarrollo del proceso en base a las garantías constitucionales correspondientes al debido proceso y la seguridad jurídica.

The judicial impartiality constitutes one of the most essential guarantees of the jurisdictional function, understanding with many occasions that the above mentioned guarantee must exist to be before a just process and that expires with the beginning that are gathered, in the international, European regulation and in our legal system. Therefore, the judge has to be a third party foreign to the conflict, in what to the parts and in order to the process it refers, without not also being able to know about the concrete case in the phases previous to the judgment, delimiting the knowledge of the phase of instruction and that of prosecution to different judges, this way to safeguard such a guarantee. In turn, like guarantee of such a right - duty, there exist the mechanisms of Abstention and Objection, since when one refers to the judicial impartiality, it is done from a constitutional point of view, due to the fact that the aim of the judicial function is to monitor and to intervene in the development of the process on the basis of the constitutional rights corresponding to the due process and the juridical safety.