La educación diferenciada por sexos y los problemas constitucionales de su financiación con dinero público

Abstract

La educación diferenciada por sexo ha generado, a lo largo de estos años, una controversia jurídica, que cuestiona su adhesión al ordenamiento jurídico y si el modelo educativo se adecua al marco constitucional actual. La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018, de 10 de abril, ha sido importante porque en ella el Tribunal ampara este modelo de educación como una alternativa educativa válida de acuerdo con los principios de la Constitución Española. La situación en nuestro país sobre esta opción educativa no ha alcanzado una aceptación completa por parte de la sociedad. Una parte está de acuerdo que es un modelo pedagógico que no conlleva discriminación por razón de sexo, pero hay otra parte de la población que discute que este modelo educativo no está dentro del marco constitucional y que, además, vulnera el principio de igualdad. El Tribunal Constitucional, vuelve a pronunciarse en la Sentencia 34/2023, de 18 de abril, sobre este modelo con respecto a si respeta los principios constitucionales y si es constitucional su financiación pública.

Gender-differentiated education has generated, over the years, a legal controversy, questioning its adherence to the legal system and whether the educational model is in line with the current constitutional framework. Constitutional Court Ruling 31/2018, of 10 April, has been important because in it the Court upholds this model of education as a valid educational alternative in accordance with the principles of the Spanish Constitution. The situation in our country regarding this educational option has not reached a complete acceptance by society. One part of society agrees that it is a pedagogical model that does not entail discrimination on the grounds of sex, but there is another part of the population that argues that this educational model is not within the constitutional framework and that, furthermore, it violates the principle of equality. The Constitutional Court, in Ruling 34/2023 of 18 April, once again ruled on this model as to whether it respects constitutional principles and whether its funding is legitimate.