La dirección de la investigación penal por el Ministerio Fiscal.

Abstract

El Ministerio Fiscal es una figura que existe en nuestro país desde el año 1387 lo que supone que la institución no es la misma hoy en día que la que fue en aquella época. Aun así, es una figura que ha estado en constante crecimiento, pero también han sido innumerables los debates que han surgido en torno a ella. En el presente trabajo nos centraremos en las últimas modificaciones, de gran calado, que se pretenden acometer. La más significativa es la atribución de la dirección de la investigación de los procesos penales al Ministerio Fiscal, apartando al juez instructor. Este modelo se acomodaría con el mandato de nuestra Constitución Española y sería coherente con los sistemas procesales que rigen en el entorno europeo, abandonando las tradiciones inquisitorias donde un juez es el que investiga. Además, la llegada de la Fiscalía Europea hace este cambio más necesario, que requiere una reforma para su correcta implantación. En nuestro trabajo se abordarán estas cuestiones, identificando las virtudes o defectos del sistema vigente y del nuevo modelo que se pretende instaurar desde hace algún tiempo.

The Public Prosecutor's Office is a figure that has existed in our country since 1387, which means that the institution is not the same today as it was at that time. Even so, it is a figure that has been constantly growing, but there have also been countless debates that have arisen around it. In the present work we will focus on the latest modifications, of great depth, that are intended to be undertaken. The most significant is the attribution of the direction of the investigation of criminal proceedings to the Public Prosecutor's Office, separating the examining magistrate. This model would accommodate the mandate of our Spanish Constitution and would be consistent with the procedural systems that govern the European environment, abandoning the inquisitorial traditions where a judge is the one who investigates. In addition, the arrival of the European Public Prosecutor's Office makes this change more necessary, which requires a reform for its correct implementation. In our work these issues will be addressed, identifying the virtues or defects of the current system and the new model that has been intended to be established for some time.