La protección del menor como víctima en el proceso penal

Abstract

This research work deals with the protection granted by the Spanish legal system to minors as victims of criminal process. An issue that acquires special significance with the recent approval in Parliament of the Organic Law 8/2021, 8 of June, for the Comprehensive Protection of Children and Adolescents against Violence. And the fact is that the minor, given his condition of vulnerability, requires special treatment by public institutions, and especially, by the jurisdictional bodies and therefore, an exhaustive analysis will be carried out on the measures that can be adopted at the same time. throughout the same in order to determine if these are sufficient to alleviate, as far as possible, the effects produced by secondary victimization as well as the possibility that their statement is made only in the investigation stage. Without forgetting, finally, the role that the Public Prosecutor plays as a guarantor of their rights and the interest of the minor as as a fundamental value in any process involving these.

El presente trabajo de investigación versa sobre la protección que otorga el ordenamiento jurídico español al menor de edad como víctima del proceso penal. Una cuestión que cobra especial sentido con la reciente aprobación en el Parlamento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y es que, el menor, dada su condición de vulnerabilidad, requiere un trato especial por parte de las instituciones públicas, especialmente, por los órganos jurisdiccionales y por dicha razón, se realizará un análisis exhaustivo sobre las medidas que se pueden adoptar a lo largo del mismo a fin de determinar si estas son suficientes para lograr paliar, en la medida de lo posible, los efectos producidos por la victimización secundaria así como la posibilidad de que su declaración se realice únicamente en la fase de instrucción. Sin olvidar, por último, el papel que desempeña el Ministerio Fiscal como garante de sus derechos y el interés superior del menor como valor fundamental en cualquier proceso en el que intervengan éstos