La contratación y licitación pública electrónica: Análisis de su recorrido e implantación en España. Especial referencia a la seguridad y a la protección de datos en los procedimientos de contratación.

Abstract

La coyuntura global producida por el gran avance tecnológico brinda la oportunidad de establecer un nuevo modelo de administrar y, por consiguiente, la contratación pública se ha transformado para dar cabida a la contratación pública electrónica o e-contratación. En España, ya en el año 1992, con la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se tuvo consciencia de la incidencia que tendría en el futuro la tecnología para la esfera administrativa, y hasta el día de hoy, con la plena vigencia de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se continúa elaborando junto con las orientaciones de la Unión Europea, un marco legislativo que permita la utilización de los recursos electrónicos en el ámbito de los contratos públicos bajo requisitos de idoneidad. Especial referencia merece la seguridad de los datos sensibles volcados en los procedimientos de contratación cuyo interés a producido recientemente la modificación de numerosos preceptos de Ley.

The global situation produced by the great technological advance offers the opportunity to establish a new management model and, consequently, public procurement has been transformed to accommodate electronic public procurement or e-procurement. In Spain, already in 1992, with the repealed Law 30/1992, of November 26, on the Legal Regime of Public Administrations and Common Administrative Procedure, there was awareness of the impact that technology would have in the future for the administrative sphere, and to this day, with the full validity of Law 9/2017, of November 8, on Public Sector Contracts, a legislative framework continues to be developed, along with the guidelines of the European Union, that allows the use of electronic resources in the field of public contracts under suitability requirements. Special reference deserves the security of the sensitive data dumped in the contracting procedures whose interest has recently produced the modification of numerous Law precepts